Una carta firmada por 1.000 israelíes directamente afectados por el 7 de octubre exige una comisión de investigación estatal inmediata

Una carta abierta de casi 1.000 personas afectadas por la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023 exigía una comisión estatal de investigación inmediata sobre los graves fallos de seguridad israelíes de ese día. La carta, de cuatro páginas, se publicó el miércoles en varios de los principales periódicos israelíes e incluía una larga lista de nombres.

Entre los firmantes estaban más de 20 ex rehenes, así como cientos de familiares y supervivientes desconsolados, además de soldados y reservistas de las FDI heridos. Según el periódico The Jerusalem Post, esta iniciativa está impulsada por el Consejo de Octubre, que representa a las familias directamente afectadas por el ataque del 7 de octubre, que causó la muerte de 1.200 hombres, mujeres y niños, y 251 personas, vivas y muertas, tomadas como rehenes en la Franja de Gaza.

Los firmantes insistieron en que se «opondrían a cualquier intento de establecer una comisión de encubrimiento politizada» y se negaron a aceptar la validez de cualquier sondeo «en el que los objetivos de la investigación nombren a los investigadores».

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su coalición han rechazado hasta ahora los llamados a crear una comisión de investigación estatal, por considerar que las selecciones realizadas por el presidente del Tribunal Supremo estarían políticamente sesgadas en su contra. El gobierno también ha declarado que cualquier investigación debe esperar hasta después de la guerra.

Una investigación de este tipo tendría los poderes más amplios de la legislación israelí para examinar los grandes fallos de los dirigentes de la nación, de los cuales el del 7 de octubre podría ser el peor de la historia de Israel. Suelen estar encabezadas por un juez jubilado del Tribunal Supremo, como Esther Hayut, una elección a la que Netanyahu se opondría tras sus críticas a los intentos de reforma judicial del gobierno.

Los resultados de una comisión de investigación civil independiente publicados en noviembre acusaban a Netanyahu de socavar el proceso de toma de decisiones del gobierno en materia de seguridad nacional y de crear una división entre la cúpula política y militar de Israel, que dejaba al país vulnerable a los ataques. Aunque comentaron que las conclusiones eran muy preocupantes, los miembros de la comisión advirtieron que no eran lo mismo que una investigación oficial que tuviera poder para citar a testigos.

El informe acusaba al gobierno de haber «fracasado en su misión principal», junto con las Fuerzas de Defensa de Israel, el servicio de seguridad Shin Bet y otras organizaciones que «fracasaron por completo en el cumplimiento de su único objetivo: proteger a los ciudadanos de Israel».

Por mucho que Netanyahu se haya resistido a una investigación más exhaustiva, los sondeos de opinión revelan que el público, incluidos quienes apoyan a la coalición, está abrumadoramente a favor de formar una comisión estatal de investigación.

El Consejo de Octubre, la organización de familias afectadas por la masacre, exigió una respuesta a través de un anuncio en Internet.

«Es el momento de dar respuestas a las familias y a los ciudadanos de Israel», escribieron.

«Una y otra y otra vez, y consistentemente, el pueblo dice lo que piensa», escribió el Consejo de Octubre en otro anuncio. «Hacemos un llamamiento a los cargos electos: Cumplan la voluntad del pueblo».